¿Se están vaciando las prisiones en España? Una mirada a lo que hay detrás del descenso de presas/os en las cárceles

Viene siendo costumbre en los últimos años utilizar la paulatina reducción de internas/os en la cárceles españolas para llenar más de un titular (Aquí algún que otro ejemplo: 1, 2), pero ¿qué hay detrás de esta reducción?¿es solo cuestión de datos cuantitativos o tenemos que indagar que políticas se están poniendo en marcha detrás de este descenso masivo?¿Por qué es importante mirar que sucede con las y los extranjeros en nuestras prisiones?

Desde 2010, el sistema penitenciario vive un período de recesión, produciéndose la disminución constante de la población penitenciaria, acompañada de un notable descenso de la criminalidad (Brandariz, 2015). Un descenso de población penitenciaria que ha afectado sobre todo a la población extranjera, no por falta de detenciones sobre la población migrante, que han seguido al alza, sino por la aplicación de las expulsiones a sus países (Brandariz, 2015; Ballester, 2016). Un fenómeno que, sin duda, se ve incrementado con la aplicación de la última reforma del partido popular (LO 1/2015 de 30 de marzo) en lo que es una forma de “utilizar el colectivo inmigrante como herramienta de descogestión de las cárceles” (Ballester, 2016, 106). Pero, si por algo destaca este período es por la reducción de la prisión preventiva y el aumento de la concesión del tercer grado y la libertad condicional (Ballester, 2016) que ha soportado la mayor reducción de la población carcelaria, en lo que se dibuja como una forma de hacer frente al período de crisis económica surgido desde 2008 y con el que ya se preveían las dificultades del sistema penitenciario para poder mantener el ritmo de crecimiento en cuanto a población penitenciaria de la década anterior, sobre todo teniendo en cuenta los recortes en medidas sociales acuciados en la inversión en servicios penitenciarios, “supresión de la merienda para los presos/as como medida de ahorro en Cataluña…fin del servicio de orientación y asistencia jurídico penitenciaria en Andalucía, hasta la reducción en la prestación de tratamientos contra la Hepatitis C” (Forero y Jiménez, 2014, 36 citado por Ballester 2016, 103).

Entrando en análisis sobre los derechos de las personas extranjeras, la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del código penal, llevada a cabo como resultado de la promulgación de la nueva Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, supone restringir aún más las posibilidades de las personas provenientes de otros países de poder establecerse en España y regularizar su situación o al menos sentirse parte de la sociedad española.

LA LEY ORGÁNICA 1/2015, DE 30 DE MARZO COMO COLOFÓN DE UN ATAQUE DELIBERADO HACIA LOS EXTRANJEROS

La reforma llevada a cabo por el gobierno del partido popular el pasado año sobre la legislación penitenciaria, no supone más que un avance más hacia las reformas que buscan blindar la entrada de migraciones en la conformación de la que algunas investigadoras han venido denominando “Europa Fortaleza” (Sassen, 2013).

Así, esta reforma va intrínsecamente unida a las llevadas a cabo en materia de seguridad ciudadana con la denominada socialmente como “ley mordaza”, Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, al Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones y, por supuesto, a Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y sus posteriores modificaciones.

En este sentido, en la medida en que toda esta batería de leyes contienen diversos aspectos relacionados con el trato, la acogida, los derechos y los servicios sociales que el Gobierno garantiza, o en este caso limita, al colectivo de extranjeros en España, residan o no de forma legal en nuestro país, suponen parte de una construcción específica de la visión sobre las migraciones que conlleva aparejada una determinada visión sobre la sociedad que construimos y el mundo en que vivimos.

En un país donde una gran parte de las prisiones hace unos años se encontraban masificadas, la reducción de presos que se ha conseguido en los últimos años puede considerarse por parte de la sociedad como todo un éxito de la administración y del gobierno actual en funciones, hasta correr el riesgo, incluso, de pensarse que esta reducción tan drástica de la ocupación de nuestras prisiones tiene que ver con políticas de desarrollo, educación y prevención llevadas a cabo por los últimos gobiernos populares.

Sin embargo, la disminución de personas presas en la ocupación de los distintos centros penitenciarios, tiene mucho más que ver con las políticas practicadas por nuestro gobierno con respecto a los extranjeros que viven en el país y con las sucesivas reformas llevadas a cabo para fortalecer el control de acceso y las fronteras que con políticas de integración y desarrollo social.

Atendiendo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE)[1] la población reclusa extranjera es la que más ha bajado en los últimos años, desde 2009 año en que dicha población estuvo situada en 27.162 personas este número ha caído hasta las 19.697 en 2014. Después de una continuada subida durante más de 20 años, la población reclusa de nuestro país ha experimentado un continuado descenso que en el caso de las personas extranjeras ha supuesto la reducción de un 15% en el período comprendido entre 2009 y 2015 según informaban algunos medios de comunicación[2]

De esta forma la modificación que introduce la reforma del código penal con la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, no hará más que incrementar esta disminución de presos extranjeros en los centros penitenciarios del país. No obstante una de las modificaciones introducidas es la referida al artículo 89 de la anterior L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, que de establecer que las “penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España podrán ser sustituidas por su expulsi6n del territorio nacional.” se modifica quedando de la siguiente forma:

“Las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español”

Ha de notarse que el cambio no hace sino ampliar la categoría de quienes podrán ser objeto de la aplicación de este artículo, ya que mientras en la anterior Ley Orgánica esta categoría no incluía a quienes no teniendo la nacionalidad española residían legalmente en el país, esta modificación elimina esa posibilidad quedando estas personas dentro del ordenamiento del citado artículo.

Del mismo modo debemos preguntarnos si a través de la redacción del artículo con la consiguiente decisión de expulsar a la persona infractora sin el cumplimento de la pena, no pudiese estar eludiendo el Estado una de las funciones que se recogen en la Constitución Española como fundamentales y primordiales de las penas privativas de libertad:

“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”

 (Articulo 25.2 del Capitulo 2, sección 1ª de la Constitución Española)

En la medida en que nuestro gobierno pudiese eludir la responsabilidad de la reeducación y reinserción de la persona infractora, con la consiguiente reparación de la pena para con la sociedad, no hace más que afirmar que las políticas llevadas a cabo con este fin y en concreto la ley sobre la que centramos nuestro análisis, están sobre todo encaminadas a limitar las posibilidades de las y los extranjeros de formar parte de una sociedad, la nuestra, mucho más integradora y respetuosa con los derechos y libertades de quienes la integran o aspiran a integrarla en algún momento.

Unida a esta modificación se encuentra también la reducción de los años de condena para determinar la expulsión de la persona infractora una vez cumplidas tres cuartas partes de la condena, que mientras en la anterior L.O. quedaba establecida en los 6 años de condena sin especificar que estos años fueran resultado de la unión de varias penas impuestas, en su modificación queda de la siguiente forma:

“Cuando hubiera sido impuesta una pena de más de cinco años de prisión, o varias penas que excedieran de esa duración, el juez o tribunal acordará la ejecución de todo o parte de la pena, en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito. En estos casos, se sustituirá la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español, cuando el penado cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado, acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional.

La modificación introducida en esta parte del artículo, del mismo modo que en la anteriormente comentada, no se entiende sin tener en cuenta como dicha modificación puede estar relacionada con la modificación establecida en los otros artículos objeto análisis en la modificación de esta L.O. 1/2015, de 30 de marzo, aquellos que modifican los artículos 270 y 274 de la anterior L.O.:

“Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.”

“La venta ambulante u ocasional de los productos a que se refieren los apartados anteriores será castigada con la pena de prisión de seis meses a dos años.

 Sin duda la primera modificación que endurece las penas de “seis meses a dos años o de multa de seis a veinticuatro meses” establecidas en el artículo 270 de la anterior L.O. 10/1995, de 23 de noviembre en relación a la distribución y reproducción de artículos con derechos de autor, y la relación con la que modifica el artículo 274 introduciendo la venta ambulante específicamente, penaliza sobre todo a aquellas personas que en nuestras sociedad se dedican a lo que coloquialmente se denomina “top manta” y que en su amplia mayoría, sino en su totalidad son extranjeros, en su mayoría migrantes sin papeles que son directa o indirectamente utilizados por diversas organizaciones para vender esos materiales.

Sería injusto no contemplar que dentro de las modificaciones realizadas a través de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo con respecto a las migraciones hay una concretamente que podríamos decir ha venido a mejorar o al menos reducir las sanciones impuestas a quienes ayudaran a entrar en territorio español a extranjeros vulnerando la legislación. En este sentido se modifica el artículo 318 bis de la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre que castigaba con penas de entre cuatro y ocho años de cárcel” quienes ofrecieran dicha ayuda, quedando la modificación de la siguiente forma:

“El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.

Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate.”

En este sentido podríamos hablar de una despenalización de la ayuda, sobre todo cuando, tal y como dice la redacción de dicho artículo, se trate de ayuda “humanitaria”. Pero, podríamos preguntarnos también que va a ser entendido por los distintos jueces como ayuda humanitaria y que seguridad garantiza esa libre interpretación y la ambigüedad con la que se redacta dicho artículo.

Las modificaciones analizadas en relación con la nueva reforma de la legislación respecto al código penal no han hecho sino endurecer la situación de desamparo ante la que se encuentran quienes residen en España de forma ilegal o aún más allá, las ciudadanas y ciudadanos que residiendo de forma legal en nuestro país, no tienen la nacionalidad española, tal y como queda reflejado en las modificaciones del artículo 89, suponiendo un incremento de los riesgos a correr para quienes, ya sea para reunirse con su familia, para mejorar económicamente o por las redes establecidas con nuestro país decide dejar parte de su vida en su lugar de origen para decidir migrar y establecerse en España.

Nos encontramos así, en la actualidad, en un período de contención del flujo penitenciario, un período que no hace de recorte de derechos generalizado en la sociedad y que utiliza la crisis económica y social actual como excusa para poner en marcha políticas penitenciarias centradas sobre todo en la gestión de la seguridad por encima de los principios de reeducación y reinserción proclamados en nuestra Constitución, un período que hace más necesaria que nunca la intervención en las prisiones de los profesionales del ámbito social, porque “lo más probable, en vista de esta situación, es que mientras la economía vaya bien, los políticos volverán a centrar sus discursos en la seguridad y tendrán una herramienta de castigo muy potente, mientras que en el caso de que vayan ahogados en cuanto a financiación se refiere [como sucede en la actualidad], utilizarán las estrategias que ellos mismos incluyeron en el Código, con previsión, para paliar esta realidad específica” (Ballester, 2016, 111).

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[1] Las estadísticas del INE pueden consultarse en la siguiente dirección: http://www.ine.es/welcome.shtml

[2] Puede consultarse la noticia en el siguiente enlace: http://www.eldiario.es/politica/extranjeros-protagonizan-poblacion-reclusa-lustro_0_356265355.html

 

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