Archivo de la etiqueta: capitalismo

Crisis social e institucional y educación: cuando más educación no equivale a mejor empleo

 “La educación es un campo de lucha y de compromiso. También actúa para representar luchas de carácter más general en torno a lo que deben hacer nuestras instituciones, a quienes deben servir y quienes deben tomar estas decisiones. Y, sin embargo, en sí misma es una de las principales áreas donde se definen los recursos, el poder y la ideología en relación con la política, la financiación, el currículo, la pedagogía y la evaluación. Por lo tanto, la educación es a la vez causa y efecto, es determinante y está determinada”

(Apple, 2002, 52)

Como ya he señalado en entradas anteriores (desigualdad social como caballo de troya de la reacción capitalista, desigualdad, educación y políticas neoliberales; la capacidad camaleónica del sistema capitalista) la globalización no es un proceso nuevo ni que afecte únicamente al ámbito de la economía. El concepto de globalización es polisémico, pero además su alcance como proceso se encuentra atravesado por un componente ideológico (Jones, 2015; Fernández Rodriguez, 2015; De Sousa Santos, 2011; Cobo, 2011). Este componente ideológico forma parte del ataque sistemático al que se están viendo enfrentadas las instituciones educativas en las últimas décadas. Amparadas en las pruebas de calificación y evaluación, en los discursos sobre la calidad y en la desregulación y privatización constante de los sistemas educativos, entre otras cosas, la globalización neoliberal ha diseñado una hoja de ruta para hacer tambalear los cimientos de las instituciones educativas heredadas de la modernidad, haciendo difícil la lucha por modelos alternativos que prioricen lo social, la igualdad y la justicia y limitando paulatinamente el acceso a la educación a las clases menos privilegiadas.

Las fuerzas neoliberales, los anhelos neoconservadores y la nueva clase media directiva y profesional se han dado la mano en lo que Michael Apple ha venido en denominar la nueva triple alianza hegemónica (2002).

Las reformas educativas llevadas a cabo desde la reestructuración global de los sistemas educativos mundiales han instaurado el régimen de la estandarización en el punto de mira de la política educativa, poniendo en marcha sistemas de medición externos que tratan de homogeneizar los conocimientos que tiene que adquirir cualquier estudiante en cualquier parte del mundo, una estandarización que pretende instaurar la construcción de una educación basada casi exclusivamente en la tiranía cuantitativa de la medición de resultados (Saura y Luengo Navas, 2015).

Estamos de nuevo ante la reducción del poder de los propios Estados para decidir sobre la deriva de sus sistemas educativos, supeditando sus decisiones a las recomendaciones y designios dictados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una organización internacional que se ha erigido como guía en la puesta en marcha de la “educación del futuro”, siendo el Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Informe PISA) la herramienta de comparación utilizada para medir el rendimiento de los distintos sistemas educativos (Saura y Luengo Navas, 2015).

En España la aprobación de la LOMCE (Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa) supone un fiel reflejo de la plasmación de esa triple alianza hegemónica de la que hablamos en párrafos anteriores. La creación y difusión de un discurso generalizado de bajo rendimiento y ejemplificado a través de los resultados en las evaluaciones PISA, el movimiento neoconservador –incluyendo a la jerarquía eclesiástica- llama a una vuelta a los exámenes del pasado, a la recuperación de los conocimientos “verdaderos” y a la tradición, a un currículo normalizado y estandarizado nacionalmente, al fin de la diversidad lingüística fundada en el miedo al otro, a lo desconocido; por su parte el a la neoliberal apela a la reducción del gasto educativo, a la protección a las escuelas concertadas y la inversión masiva en las mismas, y a la liberación, privatización y desregulación en materia educativa; por último, esa nueva clase dirigente que aspira a no perder estatus social, esa clase que en otros ámbitos de la vida puede moverse en entornos más liberales y de apoyo a corrientes de izquierda, apela a una eficaz gestión y al establecimiento de niveles más elevados en educación para evitar que sus propias hijas e hijos tengan que sufrir niveles de competición elevados por parte de otras niñas y niños (Apple, 2002). La reproducción de las desigualdades sociales se estructura así como una realidad impuesta no solo por las dinámicas de poder emergentes desde las propias instituciones, sino además, y sobre todo a golpe de legislación.

En el ámbito de la Educación Superior el conflicto dibujado para los niveles educativos inferiores se ve además acrecentado por la constante demanda de una formación que garantice la mano de obra que el sistema-mundo capitalista necesita para poder seguir poniendo en marcha los flujos económicos esperados.

En unas instituciones inmersas en el mercado global y amenazadas por el fantasma de la privatización “el conocimiento humanístico y los valores universitarios están siendo extirpados, mientras la Educación Superior se vuelve crecientemente corporativa.” (Giroux, 2008, 130).

En España, el informe “Universidad 2000” o “informe Bricall” financiado por una parte de las grandes empresas españolas y elaborado por la Conferencia de rectores de las Universidades Españolas (CRUE), llegaba a la conclusión a principios de siglo de que la inadaptación de la Universidad española se había agudizado en los últimos años del siglo anterior. Se habría así la puerta a las transformaciones que estarían por llegar y que venían preparándose años atrás para implementar el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La competitividad a través de los procesos de evaluación y acreditación, la externalización de servicios, la flexibilidad laboral y organizativa y la transferencia de conocimiento comenzaban a estar en el vocabulario común de nuestra cultura científica.

Lo que se decía debía preparar a las universitarias y universitarios del futuro para el cambio social, cultural y científico no era sino la primera piedra del proceso de privatización y desregulación de la Educación Superior, un ataque directo a la democracia universitaria y a la institución pública universitaria.

La presión hacia la internacionalización de nuestras instituciones públicas de Educación Superior, una internacionalización que pasa por presionar hacia una movilidad forzada si se quiere seguir manteniendo el puesto de trabajo o ascender en la escala de valoración académica; la integración de las nuevas tecnologías, con la puesta en practica de los cursos masivos on-line llamados a sustituir el modelo educativo universitario tal y como lo conocemos; las presiones de las agencias de evaluación sobre el profesorado para elevar la cantidad y la “calidad” de sus artículos científicos, o mejor dicho para poder sobrevivir en un ambiente que se torna cada día más salvaje y competitivo; la aparición de “nuevos proveedores de servicio”, entidades privadas, locales o del mercado global que con el objeto de ganar beneficios económicos ofrecen servicios de educación superior con el punto de mira puesto en los beneficios (Fernández Rodríguez, 2009).

Se impone un nuevo imperativo moral que rige las vidas de quienes se atreven a superar las barreras de entrada hacia el mundo universitario “publicar o morir” (Giroux, 2008) un imperativo que a diferencia de lo que sucede en EE.UU. en España aún no ha sido sustituido por la nueva corriente de “privatizar o morir”, aunque el recorrido sea paralelo.

La calidad se convierte en un nuevo caballo de batalla al que plantar cara, “la atracción hacia la excelencia promovida por los ejecutivos de la universidad actualmente funciona como un logotipo corporativo, motivando a la eficiencia mientras despoja al pensamiento crítico de cualquier sustancia política e intelectual.” (Giroux, 2008, 130).

A todo esto se unen las dinámicas de poder propias de una institución heredada de la modernidad. En estas dinámicas de poder es donde se dan cita los conflictos en torno a lo que Fernández Rodríguez (2009) denomina “geopolítica del conocimiento académico”. Conservadores, conservadores críticos, radicales y modernizadores pugnan por delimitar el camino a seguir en el desarrollo ideológico de la institución universitaria. Las posiciones frente al poder político y social y frente al poder académico dibujan el mapa ideológico del enfrentamiento en una institución en la que la desigualdad en materia de género también se convierte en un terreno de lucha para las mujeres (Ballarín, 2015).

Desde el prisma del sector estudiantil, bajo el discurso de la teoría del capital humano y ante una realidad social donde el trabajo deja de estar garantizado las y los estudiantes buscan seguir formándose acumulando credenciales a la espera de una oportunidad para integrarse en un mundo laboral donde el trabajo deja de estar garantizado por el nivel de educación. “La conmoción que ha supuesto el fenómeno, nuevo y en rápido ascenso, de los graduados sin empleo, o de los graduados que tienen empleos muy por debajo de las expectativas generadas por sus títulos (expectativas consideradas legítimas), es un golpe muy doloroso” (Bauman, 2013, 79).

Al aumento gradual de las tasas universitarias y a la crisis económica social que afrontan muchas familias se une la reducción de las cuantías de becas universitarias, que generan que muchas de las universitarias y universitarios que se matriculan en un año en la universidad tengan que abandonar la carrera por la imposibilidad de hacer frente al pago de los precios públicos[1]. Se configura un sistema educativo accesible solo para quienes tienen la posibilidad de pagarlo o quienes ceden a las reglas del mercado competiendo por encima de cualquier cosa por alcanzar el objetivo, y la selección se agudiza conforme ascendemos en el nivel de credenciales.

————————————————————————————–

[1] Desde 2013 el abandono en las carreras universitarias por no poder hacer frente al pago de matrículas ha crecido constantemente. Se pueden consultar varios artículos de prensa sobre el tema en los siguientes enlaces:

http://www.eldiario.es/sociedad/numero-universitarios-desciende-perdidas-publica_0_287321508.html

http://web.eldia.es/canarias/2015-11-01/4-Casi-alumnos-abandonan-ULL-motivos-economicos.htm

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/17/actualidad/1371499455_460313.html

 

Anuncios

La desigualdad social como caballo de Troya de la reacción capitalista

“Lo cierto es que cabe decir que nos encontramos en un mundo post-foucaultiano (lo cual revela, retrospectivamente lo muy organizado que era ese mundo anarquista de Foucault)”

(De Sousa Santos, 2011, 16)

La sociedad actual se ha desarrollado bajo el paraguas de la modernidad, una modernidad que basaba su legitimidad en los poderes atribuidos al Estado a través del contrato social. Dicho contrato social quedaba conformado desde unos criterios de inclusión a los que también correspondían antagónicamente una serie de criterios de exclusión. Así el contrato social quedaba restringido única y exclusivamente a los individuos y sus asociaciones, excluyendo de esta forma a la naturaleza; por otro lado solo los ciudadanos son considerados parte del contrato social, lo que excluye a mujeres, migrantes, minorías étnicas, etc.; para terminar solo los intereses que se expresan en el ámbito de la sociedad civil forman parte del contrato, quedando excluidos los espacios domésticos, los intereses personales y la intimidad (De Sousa Santos, 2011).

Viñeta de Mafalda by Quino

Viñeta de Mafalda by Quino

Sin embargo, en una sociedad fragmentada y polarizada social, política, económica y culturalmente los criterios establecidos bajo el contrato social entran en crisis, reelaborando los significados de aquellos valores heredados de la modernidad y la Ilustración y conformando una base estructural en la que los procesos de exclusión se sitúan por encima de los de inclusión. De esta forma parte de la ciudadanía que hasta ahora se encontraban formando parte de ese contrato social queda excluida del mismo, al mismo tiempo que se impide el acceso a este a esa conjunto de grupos que podían tener la esperanza de adquirirla (De Sousa Santos, 2011).

Pero la crisis del contrato social se encuentra inevitablemente unida a la crisis del otro gran contrato heredado de la Modernidad, el contrato sexual. Las instituciones que regulaban la sexualidad y los pactos entre mujeres y hombres están siendo socavadas, uno de los pilares básicos de la familia patriarcal, aquel que consagraba al hombre como proveedor económico de la familia mientras que limitaba a las mujeres al papel de amas de casa, se ha quebrado. Las mujeres, gracias a años de lucha y reivindicación alcanzan poco a poco nuevos puestos en el mercado laboral y escalan –a un ritmo más lento del que sería deseable- puestos en la escala de decisión política (Cobo, 2011).

Unida a esta crisis contractual y fragmentación social nos encontramos con el establecimiento de unas relaciones sociales que han perdido las referencias de aquellos vínculos inquebrantables, seguros y duraderos de las que la dotaba la modernidad, adentrándose cada vez más en una modernidad líquida que se caracteriza por la fragilidad de las relaciones interpersonales; el miedo a lo desconocido, al otro construido como diferente y ajeno a la propia persona; la flexibilidad y la movilidad forzadas, que conllevan consecuencias no solo a nivel personal, sino a nivel profesional y de empleo (Bauman, 2005). Se trata en definitiva de la transferencia de los conflictos y problemas sociales sobre los individuos haciendo que emergan actitudes antisociales que buscan resistir a la presión de la deriva social (Touraine, 2009).

La realidad se conforma así desde un caldo de cultivo que camina en paralelo a la aparición de un fascismo societal, donde los excluidos son segregados en las propias ciudades que habitan, construyendo un modelo de Estado centrado en el control y la represión en las “zonas excluidas” mientras actúa amparado en el discurso de la protección en las zonas “civilizadas”, todo bajo la estrecha vigilancia de los aparatos para-estatales que no dudan en usurpar el control social del Estado, ya sea neutralizándolo o suplantándolo (De Sousa Santos, 2011).

Viñeta de "El Roto"

Viñeta de “El Roto”

En medio de todo este terremoto global, la divinización del “homo económicus” y el “homo consumens” (Bauman, 2005) acaparan el centro civilizatorio, conformando una realidad social que se rige por los dictados de una sociedad de consumo donde “se tratan todas las cosas -incluidos los hombres- como comestibles…[que] no hace ninguna diferencia entre una manzana y un niño, porque tiene hambre para comerse a los dos.” (Alba Rico, 2003, 8-9).

Todo se compra y todo se vende. Las relaciones se conforman en torno al precio que somos capaces de pagar para mantenerlas, liberados de ataduras sociales nos lanzamos en los brazos del consumo voraz alimentado por la infatigable búsqueda por parte de los mercaderes de nuevos y atractivos productos para vender. “Para los consumidores imperfectos, estos <<no poseedores>> contemporáneos, no comprar es el irritante estigma de una vida no realizada, una vida de vacío que no es buena para nada. Significa no sólo la ausencia de placer, sino también la ausencia de dignidad humana” (Bauman, 2013, 100).

Viñeta de "El roto"

Viñeta de “El roto”

En torno a estos procesos de pobreza y exclusión se produce un “silencio estructural” que oculta que “los efectos de la globalización económica sobre la vida de las mujeres han contribuido significativamente a la feminización de la pobreza o la segregación genérica del mercado laboral, entre otros fenómenos” (Cobo, 2011, 116).

Sin lugar a dudas, la mayoría del trabajo mal pagado termina en manos de las mujeres que al estar lastradas por las lignificadas raíces del “impuesto reproductivo” a través del cual se extrae “la plusvalía de dignidad genérica” se ven privadas de un acceso en igualdad de condiciones al ámbito laboral. Las políticas de recortes que genera la consecuente privatización de los servicios públicos, propicia el aumento del trabajo de los cuidados en manos de las mujeres, un trabajo que, como siempre que el Estado deja de asumir su papel en las políticas sociales, continúa invisibilizado en la sociedad. Niñas y mujeres se convierten así en el sector que más carga con las consecuencias de las políticas neoliberales de ajuste presupuestario (Cobo, 2011).

Por otro lado, el auge de los movimientos poblacionales, generados en amplia media por la globalización económica, dibujan además un contexto de acción muy distinto al que hace unos años nos enfrentábamos en nuestras ciudades. El propio crecimiento poblacional da lugar a identidades que reconstruyen el espacio público, en palabras de Bauman “Cuanto más grande y heterogénea es una ciudad, más atractivos puede contener y ofrecer.” (2003, 33). Sin embargo, en nuestro país, acostumbrados a una ficticia homogeneidad, solo sostenida por la invisibilización a la que fueron relegados los gitanos durante años, las migraciones plantean nuevos retos en lo que a la cultura se refiere, sobre todo en lo relacionado con la diversidad, la inclusión cultural y la educación (Terrén, 2007) en un modelo de ciudad que tradicionalmente se ha caracterizado por excluir más que por incluir a quienes no entraban en los cánones marcados.

Señalados como la causa de todos los problemas, los otros, los extranjeros construidos como extraños y no pertenecientes al territorio son el foco de las miradas de los políticos y los medios de la extrema derecha política, el dedo acusador de la derecha política les señala consiguiendo que desaparezca aquel discurso que vinculaba los problemas sociales con los errores y las injusticias cometidas por el sistema capitalista (Jones, 2013), haciendo emerger nuevos discursos racistas como medio de canalizar el descontento generalizado de una ciudadanía que busca desesperadamente salvarse sin tener que cambiar el modelo de vida al que la sociedad le ha acostumbrado.

Viñeta de Forges.

Viñeta de Forges.

Las ciudades contemporáneas se convierten así “en los campos de batalla donde coinciden los poderes mundiales y las obstinadas razones de ser de cada uno de sus habitantes; donde éstos chocan y combaten en busca de un acuerdo satisfactorio o mínimamente tolerable; un tipo de convivencia que se espera constituya una paz duradera”.(Bauman 2009, 25-26)


La capacidad camaleónica del sistema capitalista (Desigualdad, educación y políticas neoliberales, 2ª parte)

“El Establishment es un camaleón, que evoluciona y se adapta según dictan las necesidades. Y, sin embargo, una cosa que distingue al Establishment actual de sus encarnaciones anteriores es su triunfalismo. Antaño los poderosos afrontaban amenazas importantes que los mantenían a raya. Sin embargo, da la impresión de que los oponentes de nuestro Establishment actual han dejado de existir de forma organizada o significativa. Los políticos se ajustan en su gran mayoría a un guión parecido; a los antaño poderosos sindicatos, hoy se los trata como si carecieran de sitio legítimo en la vida política o incluso pública. Y los economistas y académicos que rechazan la ideología del Establishment han sido en gran medida expulsados de la comunidad intelectual”

(Jones, 2015, 25)

No existen alternativas al dinero cuando tanto el sistema económico capitalista en general como la economía en tanto ciencia, se sitúan en el centro de nuestra construcción como sociedad, convirtiéndose en la moneda de cambio con la que condicionamos la vida, nuestras relaciones y la salud de nuestros recursos naturales.

La crisis sistémica que se ha vivido desde el hundimiento de Wall Street en 2008 y su posterior proliferación mundial llevó a muchos a pensar que había llegado “el fin del neoliberalismo” (Antenas y Vivas, 2012). Pero, más allá de esto, lo que parecía iba a ser el final del sistema capitalista neoliberal o al menos la restructuración del mismo bajo concepciones más humanas, fue un punto de inflexión que ha servido para justificar decisiones políticas basadas en la desregulación, el aumento de los impuestos a las clases trabajadoras, la privatización de los servicios públicos, la desregulación laboral y la bajada de salarios (Cobo, 2011).

El crack económico de 2008 se extendió por todo el mundo -aún hoy continuamos sufriendo las consecuencias de las decisiones tomadas para paliarlo- alcanzando a todos los países en mayor o menor medida a través del entramado económico creado por los mercados financieros (Stiglitz, 2009). Pero, esta crisis ha servido, sobre todo, como catapulta de lanzamiento para introducir en Europa las políticas que tanto el FMI como el BM han venido desarrollando durante los años 80 y 90 en los países de la periferia, contribuyendo, como ya denunció a principios de este siglo Joseph Stiglitz, a la creciente miseria y la hambruna en estos países, agravando las crisis financieras que atravesaban diversas economías asiáticas, forzando el cierre de fábricas y privatizando servicios públicos como la educación y la sanidad, en definitiva, alargando la sombra de las colonizaciones capitalistas producidas desde hace al menos dos siglos atrás y convirtiéndose en el nuevo motor de la colonización económica capitalista (Ziegler, 2002; Stiglitz, 2009).

Desde el estallido de la burbuja económica los organismos supranacionales y los gobiernos de estado –estos últimos como focos directos en los que la ciudadanía ponía sus deseos de salir de la crisis que estaban experimentando- tuvieron claro que había que hacer algo, era necesario intervenir para evitar que la crisis arrasara con lo conseguido en los años de bonanza económica. Las soluciones, pensando en las necesidades de la población podían parecernos claras, incluso obvias. Si la pérdida de empleos iba a incidir limitando la capacidad de sobrevivir de miles de personas, estaba claro que contribuir a la creación de empleo se convertía en una prioridad, como también lo era garantizar la supervivencia de una ciudadanía activa y evitar que las desigualdades y la brecha entre ricos y pobres acabara destruyendo a las clases medias y subsumiendo a las clases trabajadoras a la más inconcebible de las miserias.

Pero, en una sorprendente maniobra digna del mejor escapista, en un primer momento los gobiernos –incluido el gobierno español- y posteriormente el propio Banco Central Europeo decidieron que rescatar a la banca, aún a costa de ahogar, aún más, a las clases trabajadoras de una ciudadanía que ya venía pagando una crisis que no había provocado, era más importante que aportar el dinero suficiente para potenciar una inversión pública y la creación de empleo que hiciera revertir la situación. Como en su momento diría el economista Joseph Stiglitz “con la enorme cantidad de dinero público que ha recibido la banca privada, podrían haberse establecido bancas públicas que hubieran garantizado la disponibilidad de crédito.” (Navarro, 2011).

Viñeta de Eneko las Heras (@EnekoHumor)

Viñeta de Eneko las Heras (@EnekoHumor)

Las políticas de recortes y privatización se convertían en la solución mágica diseñada por los políticos neoliberales, una solución que pasaba por instaurar un régimen de austeridad económica en inversión y empleo público que ha terminado por provocar un estancamiento y un escaso crecimiento económico (Navarro, 2016), acrecentado los procesos de desigualdad y exclusión social.

To de continued…


A %d blogueros les gusta esto: