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Crisis social e institucional y educación: cuando más educación no equivale a mejor empleo

 “La educación es un campo de lucha y de compromiso. También actúa para representar luchas de carácter más general en torno a lo que deben hacer nuestras instituciones, a quienes deben servir y quienes deben tomar estas decisiones. Y, sin embargo, en sí misma es una de las principales áreas donde se definen los recursos, el poder y la ideología en relación con la política, la financiación, el currículo, la pedagogía y la evaluación. Por lo tanto, la educación es a la vez causa y efecto, es determinante y está determinada”

(Apple, 2002, 52)

Como ya he señalado en entradas anteriores (desigualdad social como caballo de troya de la reacción capitalista, desigualdad, educación y políticas neoliberales; la capacidad camaleónica del sistema capitalista) la globalización no es un proceso nuevo ni que afecte únicamente al ámbito de la economía. El concepto de globalización es polisémico, pero además su alcance como proceso se encuentra atravesado por un componente ideológico (Jones, 2015; Fernández Rodriguez, 2015; De Sousa Santos, 2011; Cobo, 2011). Este componente ideológico forma parte del ataque sistemático al que se están viendo enfrentadas las instituciones educativas en las últimas décadas. Amparadas en las pruebas de calificación y evaluación, en los discursos sobre la calidad y en la desregulación y privatización constante de los sistemas educativos, entre otras cosas, la globalización neoliberal ha diseñado una hoja de ruta para hacer tambalear los cimientos de las instituciones educativas heredadas de la modernidad, haciendo difícil la lucha por modelos alternativos que prioricen lo social, la igualdad y la justicia y limitando paulatinamente el acceso a la educación a las clases menos privilegiadas.

Las fuerzas neoliberales, los anhelos neoconservadores y la nueva clase media directiva y profesional se han dado la mano en lo que Michael Apple ha venido en denominar la nueva triple alianza hegemónica (2002).

Las reformas educativas llevadas a cabo desde la reestructuración global de los sistemas educativos mundiales han instaurado el régimen de la estandarización en el punto de mira de la política educativa, poniendo en marcha sistemas de medición externos que tratan de homogeneizar los conocimientos que tiene que adquirir cualquier estudiante en cualquier parte del mundo, una estandarización que pretende instaurar la construcción de una educación basada casi exclusivamente en la tiranía cuantitativa de la medición de resultados (Saura y Luengo Navas, 2015).

Estamos de nuevo ante la reducción del poder de los propios Estados para decidir sobre la deriva de sus sistemas educativos, supeditando sus decisiones a las recomendaciones y designios dictados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una organización internacional que se ha erigido como guía en la puesta en marcha de la “educación del futuro”, siendo el Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Informe PISA) la herramienta de comparación utilizada para medir el rendimiento de los distintos sistemas educativos (Saura y Luengo Navas, 2015).

En España la aprobación de la LOMCE (Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa) supone un fiel reflejo de la plasmación de esa triple alianza hegemónica de la que hablamos en párrafos anteriores. La creación y difusión de un discurso generalizado de bajo rendimiento y ejemplificado a través de los resultados en las evaluaciones PISA, el movimiento neoconservador –incluyendo a la jerarquía eclesiástica- llama a una vuelta a los exámenes del pasado, a la recuperación de los conocimientos “verdaderos” y a la tradición, a un currículo normalizado y estandarizado nacionalmente, al fin de la diversidad lingüística fundada en el miedo al otro, a lo desconocido; por su parte el a la neoliberal apela a la reducción del gasto educativo, a la protección a las escuelas concertadas y la inversión masiva en las mismas, y a la liberación, privatización y desregulación en materia educativa; por último, esa nueva clase dirigente que aspira a no perder estatus social, esa clase que en otros ámbitos de la vida puede moverse en entornos más liberales y de apoyo a corrientes de izquierda, apela a una eficaz gestión y al establecimiento de niveles más elevados en educación para evitar que sus propias hijas e hijos tengan que sufrir niveles de competición elevados por parte de otras niñas y niños (Apple, 2002). La reproducción de las desigualdades sociales se estructura así como una realidad impuesta no solo por las dinámicas de poder emergentes desde las propias instituciones, sino además, y sobre todo a golpe de legislación.

En el ámbito de la Educación Superior el conflicto dibujado para los niveles educativos inferiores se ve además acrecentado por la constante demanda de una formación que garantice la mano de obra que el sistema-mundo capitalista necesita para poder seguir poniendo en marcha los flujos económicos esperados.

En unas instituciones inmersas en el mercado global y amenazadas por el fantasma de la privatización “el conocimiento humanístico y los valores universitarios están siendo extirpados, mientras la Educación Superior se vuelve crecientemente corporativa.” (Giroux, 2008, 130).

En España, el informe “Universidad 2000” o “informe Bricall” financiado por una parte de las grandes empresas españolas y elaborado por la Conferencia de rectores de las Universidades Españolas (CRUE), llegaba a la conclusión a principios de siglo de que la inadaptación de la Universidad española se había agudizado en los últimos años del siglo anterior. Se habría así la puerta a las transformaciones que estarían por llegar y que venían preparándose años atrás para implementar el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La competitividad a través de los procesos de evaluación y acreditación, la externalización de servicios, la flexibilidad laboral y organizativa y la transferencia de conocimiento comenzaban a estar en el vocabulario común de nuestra cultura científica.

Lo que se decía debía preparar a las universitarias y universitarios del futuro para el cambio social, cultural y científico no era sino la primera piedra del proceso de privatización y desregulación de la Educación Superior, un ataque directo a la democracia universitaria y a la institución pública universitaria.

La presión hacia la internacionalización de nuestras instituciones públicas de Educación Superior, una internacionalización que pasa por presionar hacia una movilidad forzada si se quiere seguir manteniendo el puesto de trabajo o ascender en la escala de valoración académica; la integración de las nuevas tecnologías, con la puesta en practica de los cursos masivos on-line llamados a sustituir el modelo educativo universitario tal y como lo conocemos; las presiones de las agencias de evaluación sobre el profesorado para elevar la cantidad y la “calidad” de sus artículos científicos, o mejor dicho para poder sobrevivir en un ambiente que se torna cada día más salvaje y competitivo; la aparición de “nuevos proveedores de servicio”, entidades privadas, locales o del mercado global que con el objeto de ganar beneficios económicos ofrecen servicios de educación superior con el punto de mira puesto en los beneficios (Fernández Rodríguez, 2009).

Se impone un nuevo imperativo moral que rige las vidas de quienes se atreven a superar las barreras de entrada hacia el mundo universitario “publicar o morir” (Giroux, 2008) un imperativo que a diferencia de lo que sucede en EE.UU. en España aún no ha sido sustituido por la nueva corriente de “privatizar o morir”, aunque el recorrido sea paralelo.

La calidad se convierte en un nuevo caballo de batalla al que plantar cara, “la atracción hacia la excelencia promovida por los ejecutivos de la universidad actualmente funciona como un logotipo corporativo, motivando a la eficiencia mientras despoja al pensamiento crítico de cualquier sustancia política e intelectual.” (Giroux, 2008, 130).

A todo esto se unen las dinámicas de poder propias de una institución heredada de la modernidad. En estas dinámicas de poder es donde se dan cita los conflictos en torno a lo que Fernández Rodríguez (2009) denomina “geopolítica del conocimiento académico”. Conservadores, conservadores críticos, radicales y modernizadores pugnan por delimitar el camino a seguir en el desarrollo ideológico de la institución universitaria. Las posiciones frente al poder político y social y frente al poder académico dibujan el mapa ideológico del enfrentamiento en una institución en la que la desigualdad en materia de género también se convierte en un terreno de lucha para las mujeres (Ballarín, 2015).

Desde el prisma del sector estudiantil, bajo el discurso de la teoría del capital humano y ante una realidad social donde el trabajo deja de estar garantizado las y los estudiantes buscan seguir formándose acumulando credenciales a la espera de una oportunidad para integrarse en un mundo laboral donde el trabajo deja de estar garantizado por el nivel de educación. “La conmoción que ha supuesto el fenómeno, nuevo y en rápido ascenso, de los graduados sin empleo, o de los graduados que tienen empleos muy por debajo de las expectativas generadas por sus títulos (expectativas consideradas legítimas), es un golpe muy doloroso” (Bauman, 2013, 79).

Al aumento gradual de las tasas universitarias y a la crisis económica social que afrontan muchas familias se une la reducción de las cuantías de becas universitarias, que generan que muchas de las universitarias y universitarios que se matriculan en un año en la universidad tengan que abandonar la carrera por la imposibilidad de hacer frente al pago de los precios públicos[1]. Se configura un sistema educativo accesible solo para quienes tienen la posibilidad de pagarlo o quienes ceden a las reglas del mercado competiendo por encima de cualquier cosa por alcanzar el objetivo, y la selección se agudiza conforme ascendemos en el nivel de credenciales.

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[1] Desde 2013 el abandono en las carreras universitarias por no poder hacer frente al pago de matrículas ha crecido constantemente. Se pueden consultar varios artículos de prensa sobre el tema en los siguientes enlaces:

http://www.eldiario.es/sociedad/numero-universitarios-desciende-perdidas-publica_0_287321508.html

http://web.eldia.es/canarias/2015-11-01/4-Casi-alumnos-abandonan-ULL-motivos-economicos.htm

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/17/actualidad/1371499455_460313.html

 


La lucha por permanecer en el mercado de trabajo (Desigualdad, educación y políticas neoliberales IV)

“El terror a perder el puesto de trabajo suprime cualquier tentación de defenderse”

(Jones, 2013, 69)

Nos encontramos ante una evolución de los procesos de desigualdad y de distanciamiento entre clases sociales que viene producido por la fragmentación del trabajador que lucha por convertirse en la mercancía deseada por el mercado de trabajo (Barrigüete, 2005) para poder sobrevivir aunque para ello tenga que “flexibilizar” o lo que es lo mismo renunciar a sus expectativas aceptando condiciones cada vez más miserables.

Los recientes datos del Informe sobre empleo y protección social realizado por la Fundación FOESSA (2015) indican que el deterioro en las rentas más bajas no tiene precedentes en los últimos 40 años, unido a esto la rotación en los puestos de trabajo se confirma como medida generalizada, una medida que incide en la inseguridad laboral de quienes consiguen alcanzar el disputado premio de un contrato de trabajo. Parafraseando a Bauman (2013) podríamos decir que en esta sociedad construida para transferir las presiones económicas y sociales hacia abajo, a quienes sufren los procesos de exclusión siempre les puede quedar la esperanza de que le toque la lotería de un trabajo.

Pero, tal y como nos transmite Barrigüete (2005) no debemos caer en el reduccionismo de confundir trabajo y empleo, ya que estaríamos sentando las bases para desenfocar el verdadero problema, que es más el reparto del producto social y la creación de las condiciones políticas para ello que el reparto del trabajo. Por estas razones no se puede decir que el trabajo sea un bien escaso.”

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By Forges

En la sociedad actual el trabajo queda subordinado a los caprichos del capital, siendo este el principal motor de creación de empleo cuando en realidad no debiera ser más que un producto generado por el propio trabajo (Barrigüete, 2005). Las políticas neoliberales aprovechan el debilitamiento progresivo de los sindicatos, antaño firmes defensores de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, para imponer las dinámicas laborales soñadas por los ideólogos del liberalismo (Antenas y Vivas, 2012; Jones, 2013).

La idea inoculada a la clase obrera de que no deberían estar ahí, la contaste ridiculización de la vida de las clases trabajadoras estigmatizando y acusando a dicha clase social de ser un lastre para la sociedad, unida al eterno discurso vociferado por los voceros del neoliberalismo de que todo el mundo al margen de las circunstancias puede salir de ahí si se lo propone, han terminado instaurando la convicción de que la clase obrera es una simple etapa de paso, una condición de la que hay que escapar a toda costa, pasando incluso por encima de la propia clase. Pero lo cierto es que detrás del discurso la realidad muestra que solo un escaso número de afortunadas personas acceden a esa movilidad de clase que se nos quiere vender (Jones, 2013).

Los avances tecnológicos abren el camino a las empresas para poder deshacerse de un buen número de trabajadores al mismo tiempo que presiona a los que quedan para que se adapten a las nuevos tiempos tecnológicos, la deslocalización empresarial y apertura de nuevos mercado a través de la libre circulación de empresas presiona a la clase trabajadora para aceptar salarios más bajos (Barrigüete, 2005) y condiciones laborales que violan todos los acuerdos del contrato social de la modernidad. En palabras de Boaventura de Sousa Santos pasamos“del pre- al post-contractualismo sin transitar por el contractualismo”[1] (2011, 22).

Mientras tanto la maquinaria neoliberal a través de las políticas de empleo comienza a poner en marcha el rodillo de destrucción de todo lo que pueda recordar a aquellos años de lucha social donde trabajadoras y trabajadores, sindicatos y movimientos políticos de izquierda hacían frente a los designios del capital, “los trabajos bien pagados, seguros y cualificados de los que la gente estaba orgullosa, que habían sido el eje de la identidad de la clase obrera, fueron erradicados. Todas las cosas que la gente asociaba a la clase trabajadora fueron desapareciendo” (Jones, 2013, 73). Ahora sí, ya todos podíamos decir que éramos de clase media. Y si aún no lo éramos teníamos que buscar la forma de acceder a ella. La necesidad de identificación con el discurso dominante, la necesidad de sentirnos parte de, de ser parte de esa ciudadanía incluida en el contrato social ha marcado el camino a seguir.

Los inmigrantes son señalados y construidos como parte del problema laboral. Los discursos de la derecha mediática y política hacen mella en la autoestima de una clase obrera que lejos de señalar hacia arriba para buscar a los causantes de su situación de pobreza mira hacia sus iguales, hacia esos grupos aspirantes a conseguir la ciudadanía prometida desde el discurso dominante, para verlos como competidoras y competidores directos en su afán de conseguir “el sueño prometido” (Jones, 2013)

Las mujeres acceden al mundo laboral construidas como trabajadoras “genéricas”[2] a través del renovado pacto entre el capitalismo y el patriarcado (Cobo, 2011). La mujer flexible se ve abocada a la doble lucha de conseguir y/o mantener un puesto de trabajo remunerado mientras lucha porque se reconozcan sus derechos a poder elegir libremente y a que se reconfiguren las relaciones que construyen el trabajo de los cuidados como un deber exclusivo de las mujeres.

De esta forma, mujeres e inmigrantes representan el grueso que ha venido a sustituir en este sistema-mundo capitalista neoliberal al difuminado proletariado de siglos pasados, conformando lo que Saskia Sassen denomina como “clases de servidumbre” (Cobo, 2011).

El llamado a la especialización; la pérdida constante de valor en las credenciales educativas; la pérdida de fuentes de trabajo de un día para otro, casi sin dejar tiempo para reaccionar; la presión económica, que empuja a una movilidad forzada, sustituyendo la linealidad de un puesto laboral para toda la vida; y la fragmentación de las relaciones que antaño nos insuflaban seguridad (Bauman, 2005), han terminado destruyendo los lazos de apoyo que mantenían el equilibrio de fuerzas en el campo de batalla, dejando vía libre al austericidio[3] y las políticas privatizadoras y de desregulación laboral.

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[1] Según lo presenta De Sousa Santos “el post-contractualismo es el proceso mediante el cual grupos e intereses sociales hasta ahora incluidos en el contrato social quedan excluidos del mismo, sin perspectivas de poder regresar a su seno… El pre-contractualismo consiste, por su parte, en impedir el acceso a la ciudadanía a grupos sociales anteriormente considerados candidatso a la ciudadanía y que tenían expectativas fundadas de poder acceder a ella” (2011, 21).

[2] El concepto de trabajadoras “genéricas” acuñado por Celia Amorós hace referencia a una construcción de las mujeres como trabajadoras flexibles, capaces de adaptarse a horarios y situaciones distintas y de aceptar las condiciones de sobreexplotación rechazadas por otras (Cobo, 2011).

[3] Con esta palabra se ha venido denominando a aquellas actuaciones arbitrarias que, con la excusa de construirse como imprescindibles, se ponen en marcha asfixiando las posibilidades de desarrollo de los sectores más pobres y vulnerables de la población.


La desigualdad social como caballo de Troya de la reacción capitalista

“Lo cierto es que cabe decir que nos encontramos en un mundo post-foucaultiano (lo cual revela, retrospectivamente lo muy organizado que era ese mundo anarquista de Foucault)”

(De Sousa Santos, 2011, 16)

La sociedad actual se ha desarrollado bajo el paraguas de la modernidad, una modernidad que basaba su legitimidad en los poderes atribuidos al Estado a través del contrato social. Dicho contrato social quedaba conformado desde unos criterios de inclusión a los que también correspondían antagónicamente una serie de criterios de exclusión. Así el contrato social quedaba restringido única y exclusivamente a los individuos y sus asociaciones, excluyendo de esta forma a la naturaleza; por otro lado solo los ciudadanos son considerados parte del contrato social, lo que excluye a mujeres, migrantes, minorías étnicas, etc.; para terminar solo los intereses que se expresan en el ámbito de la sociedad civil forman parte del contrato, quedando excluidos los espacios domésticos, los intereses personales y la intimidad (De Sousa Santos, 2011).

Viñeta de Mafalda by Quino

Viñeta de Mafalda by Quino

Sin embargo, en una sociedad fragmentada y polarizada social, política, económica y culturalmente los criterios establecidos bajo el contrato social entran en crisis, reelaborando los significados de aquellos valores heredados de la modernidad y la Ilustración y conformando una base estructural en la que los procesos de exclusión se sitúan por encima de los de inclusión. De esta forma parte de la ciudadanía que hasta ahora se encontraban formando parte de ese contrato social queda excluida del mismo, al mismo tiempo que se impide el acceso a este a esa conjunto de grupos que podían tener la esperanza de adquirirla (De Sousa Santos, 2011).

Pero la crisis del contrato social se encuentra inevitablemente unida a la crisis del otro gran contrato heredado de la Modernidad, el contrato sexual. Las instituciones que regulaban la sexualidad y los pactos entre mujeres y hombres están siendo socavadas, uno de los pilares básicos de la familia patriarcal, aquel que consagraba al hombre como proveedor económico de la familia mientras que limitaba a las mujeres al papel de amas de casa, se ha quebrado. Las mujeres, gracias a años de lucha y reivindicación alcanzan poco a poco nuevos puestos en el mercado laboral y escalan –a un ritmo más lento del que sería deseable- puestos en la escala de decisión política (Cobo, 2011).

Unida a esta crisis contractual y fragmentación social nos encontramos con el establecimiento de unas relaciones sociales que han perdido las referencias de aquellos vínculos inquebrantables, seguros y duraderos de las que la dotaba la modernidad, adentrándose cada vez más en una modernidad líquida que se caracteriza por la fragilidad de las relaciones interpersonales; el miedo a lo desconocido, al otro construido como diferente y ajeno a la propia persona; la flexibilidad y la movilidad forzadas, que conllevan consecuencias no solo a nivel personal, sino a nivel profesional y de empleo (Bauman, 2005). Se trata en definitiva de la transferencia de los conflictos y problemas sociales sobre los individuos haciendo que emergan actitudes antisociales que buscan resistir a la presión de la deriva social (Touraine, 2009).

La realidad se conforma así desde un caldo de cultivo que camina en paralelo a la aparición de un fascismo societal, donde los excluidos son segregados en las propias ciudades que habitan, construyendo un modelo de Estado centrado en el control y la represión en las “zonas excluidas” mientras actúa amparado en el discurso de la protección en las zonas “civilizadas”, todo bajo la estrecha vigilancia de los aparatos para-estatales que no dudan en usurpar el control social del Estado, ya sea neutralizándolo o suplantándolo (De Sousa Santos, 2011).

Viñeta de "El Roto"

Viñeta de “El Roto”

En medio de todo este terremoto global, la divinización del “homo económicus” y el “homo consumens” (Bauman, 2005) acaparan el centro civilizatorio, conformando una realidad social que se rige por los dictados de una sociedad de consumo donde “se tratan todas las cosas -incluidos los hombres- como comestibles…[que] no hace ninguna diferencia entre una manzana y un niño, porque tiene hambre para comerse a los dos.” (Alba Rico, 2003, 8-9).

Todo se compra y todo se vende. Las relaciones se conforman en torno al precio que somos capaces de pagar para mantenerlas, liberados de ataduras sociales nos lanzamos en los brazos del consumo voraz alimentado por la infatigable búsqueda por parte de los mercaderes de nuevos y atractivos productos para vender. “Para los consumidores imperfectos, estos <<no poseedores>> contemporáneos, no comprar es el irritante estigma de una vida no realizada, una vida de vacío que no es buena para nada. Significa no sólo la ausencia de placer, sino también la ausencia de dignidad humana” (Bauman, 2013, 100).

Viñeta de "El roto"

Viñeta de “El roto”

En torno a estos procesos de pobreza y exclusión se produce un “silencio estructural” que oculta que “los efectos de la globalización económica sobre la vida de las mujeres han contribuido significativamente a la feminización de la pobreza o la segregación genérica del mercado laboral, entre otros fenómenos” (Cobo, 2011, 116).

Sin lugar a dudas, la mayoría del trabajo mal pagado termina en manos de las mujeres que al estar lastradas por las lignificadas raíces del “impuesto reproductivo” a través del cual se extrae “la plusvalía de dignidad genérica” se ven privadas de un acceso en igualdad de condiciones al ámbito laboral. Las políticas de recortes que genera la consecuente privatización de los servicios públicos, propicia el aumento del trabajo de los cuidados en manos de las mujeres, un trabajo que, como siempre que el Estado deja de asumir su papel en las políticas sociales, continúa invisibilizado en la sociedad. Niñas y mujeres se convierten así en el sector que más carga con las consecuencias de las políticas neoliberales de ajuste presupuestario (Cobo, 2011).

Por otro lado, el auge de los movimientos poblacionales, generados en amplia media por la globalización económica, dibujan además un contexto de acción muy distinto al que hace unos años nos enfrentábamos en nuestras ciudades. El propio crecimiento poblacional da lugar a identidades que reconstruyen el espacio público, en palabras de Bauman “Cuanto más grande y heterogénea es una ciudad, más atractivos puede contener y ofrecer.” (2003, 33). Sin embargo, en nuestro país, acostumbrados a una ficticia homogeneidad, solo sostenida por la invisibilización a la que fueron relegados los gitanos durante años, las migraciones plantean nuevos retos en lo que a la cultura se refiere, sobre todo en lo relacionado con la diversidad, la inclusión cultural y la educación (Terrén, 2007) en un modelo de ciudad que tradicionalmente se ha caracterizado por excluir más que por incluir a quienes no entraban en los cánones marcados.

Señalados como la causa de todos los problemas, los otros, los extranjeros construidos como extraños y no pertenecientes al territorio son el foco de las miradas de los políticos y los medios de la extrema derecha política, el dedo acusador de la derecha política les señala consiguiendo que desaparezca aquel discurso que vinculaba los problemas sociales con los errores y las injusticias cometidas por el sistema capitalista (Jones, 2013), haciendo emerger nuevos discursos racistas como medio de canalizar el descontento generalizado de una ciudadanía que busca desesperadamente salvarse sin tener que cambiar el modelo de vida al que la sociedad le ha acostumbrado.

Viñeta de Forges.

Viñeta de Forges.

Las ciudades contemporáneas se convierten así “en los campos de batalla donde coinciden los poderes mundiales y las obstinadas razones de ser de cada uno de sus habitantes; donde éstos chocan y combaten en busca de un acuerdo satisfactorio o mínimamente tolerable; un tipo de convivencia que se espera constituya una paz duradera”.(Bauman 2009, 25-26)


Desigualdad, educación y políticas neoliberales. Parte 1: Reorganizando el mundo.

* Esta es la primera de una serie de entradas en las que ir exponiendo el desarrollo de algunas ideas que enlazan las políticas actuales con los procesos de desigualdad social y laboral, así como con la creciente estandarización de las politicas educativas.

Viñeta de FORGES

Viñeta de FORGES

“Cuando el consenso neoliberal habla de estabilidad se refiere a la estabilidad en las expectativas de los mercados y de las inversiones, nunca a la de las expectativas de las personas. De hecho, la estabilidad de los primeros sólo se consigue a costa de la inestabilidad de los segundos”

(De Sousa Santos, 2011, 26)

En una sociedad envuelta en cambios continuados propios de ese mundo líquido que nos dibuja (Bauman, 2005; 2013) la crisis económica mundial de 2008 hizo aparición en la escena política internacional y en la sociedad en general, una crisis que iba mucho más allá del aspecto económico, convirtiéndose en una crisis institucional, social, medioambiental, política y ética, una crisis que abarcaba además al modelo de democracia imperante hasta la actualidad, acrecentando la crisis de un modelo, el sistema capitalista neoliberal.

Nacida a finales de los años 40 en el transcurso de un reunión en la pequeña aldea de Mont Pélerin en Suiza, la ideología liberal de Von Hayek y las ideas que plasmó en su libro “Camino de servidumbre”, iban a representar la semilla de un concepto de sociedad y organización económico-política que se extendería por todo el planeta, en parte debido al agotamiento de los movimientos sociales de izquierda y del movimiento obrero en los años 60 y 70 del siglo pasado, pero también gracias a una estrategia diseñada para desacreditar cualquier idea que proviniese de una concepción más social del Estado. Una ofensiva diseñada para ser inoculada al sistema no desde la lucha en las calles a las que en aquellas décadas de los 60 y 70 nos tenían acostumbradas las movilizaciones, sino desde el ámbito intelectual y a través think tanks diseñados para propagar sus ideas aprovechando la irrupción de los medios de comunicación y el declive de la socialdemocracia (Jones, 2015).

Se trataba así de una contraofensiva diseñada desde los círculos ideológicos para ir adentrándose en todas las capas del sistema, haciendo patente la afirmación de que “el neoliberalismo es un arma de conquista. Anuncia un fatalismo económico contra el cual toda resistencia parece vana. El neoliberalismo es como el sida, destruye el sistema inmunitario de sus víctimas” (Bourdieu citado por Ziegler, 2002, 64).

Una ofensiva que avanzaría de forma triunfal durante los gobiernos de Thatcher, en Reino Unido y Reegan, en Estados Unidos durante los años 80. Gobiernos que facilitaron la puesta en práctica de las políticas más ofensivas y neoliberales ensayadas por Friedman y los “Chicago Boys” en Chile durante la dictadura de Pinochet.

La caída del muro de Berlín en 1989 y el desplome de la URSS a finales de los 80 y principios de los 90 facilitarían lo que John Williamson denominó como “El Consenso de Washington” (Ziegler, 2002) y que se concretaba en los siguientes principios:

“1. En cada país deudor, es preciso poner en marcha una reforma fiscal basada en dos criterios: a) disminución de la carga tributaria que grava las rentas más altas, con el objetivo último de incentivar a los ricos para que efectúen inversiones productivas, y b) ampliar la base de los contribuyentes; dicho de forma más clara, la supresión de las exenciones fiscales que benefician a los más pobres para incrementar el volumen del impuesto.

  1. Liberalización, tan rápida y completa como sea posible, de los mercados financieros .
  2. Garantizar la igualdad en el trato dispensado a las inversiones autóctonas y a las extranjeras con la finalidad de aumentar la seguridad y, así el volumen de las inversiones extranjeras.
  3. Desmantelamiento, tanto como sea posible hacerlo, del sector público, privatizando de forma especial todas las empresas cuyo propietario sea el Estado o una entidad paraestatal.
  4. Desregulación máxima de la economía del país para garantizar el libre juego de la competencia entre las diferentes fuerzas económicas presentes.
  5. Intensificar la protección de la propiedad privada.
  6. Fomento de la liberalización de los intercambios a un ritmo lo más sostenido posible, teniendo como objetivo mínimo la reducción en un 10% anual de los aranceles aduaneros.
  7. Dado que el libre comercio progresa por medio de las exportaciones, es preciso, como prioridad, favorecer el desarrollo de aquellos sectores económicos que son capaces de exportar bienes.
  8. Limitación del déficit presupuestario.
  9. Creación de la transparencia del mercado: los subsidios estatales a los operadores privados deben ser.”

(Ziegler, 2002, 62-63)

El germen de una nueva organización mundial estaba creciendo al amparo de los nuevos ideólogos del liberalismo económico e impulsada por un “Establishment”, una nueva casta política y económica (Jones, 2015) que se situaba en las más altas cotas de poder de los distintos países basando sus relaciones en la lucha por un objetivo común, la reducción del Estado y del sector público a su mínima expresión mediante la desregulación y la privatización de los servicios.

En un clima como el que se dibuja, en abril de 1994 los ministros del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) firman en Marruecos el principio de acuerdo para la puesta en marcha de la Organización Mundial del Comercio (OMC), organismo supraestatal que se encargaría de la liberalización de la circulación de mercancías y capitales (Ziegler, 2002).

La OMC se sumaba así a las organizaciones nacidas de los pactos de Bretton-Woods en 1944, el Banco Mundial (BC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que junto al Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) promovido por los países de la OCDE e impulsado por la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (EE.UU.) constituiría la más salvaje expresión de un sistema-mundo capitalista que crecía amparado en la impunidad del “fascismo financiero” (De Sousa Santos, 2011).

Bancos, entidades financieras y grandes corporaciones han ido aumentando gradualmente su poder en el ámbito político en el transcurso de las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Las decisiones políticas y económicas dejaban de estar en manos exclusivamente de los Estados-Nación para pasar a manos de las entidades supranacionales que contribuirían a la gradual desregulación y privatización económica mundial (Alba Rico, 2003; Cobo, 2011; De Sousa Santos, 2011; Ziegler, 2002).

Fue este proceso de globalización promovida y sostenida por los poderes financieros la que “comportó así una creciente crisis de la democracia parlamentaria liberal, que se ha exacerbado, intensificado y acelerado con el crack económico de 2008” (Antenas y Vivas, 2012, 17).

Pero, no debemos olvidar, tal y como nos recuerda Fernández Rodríguez (2015) que este fenómeno globalizador no se limita única y exclusivamente al ámbito económico y político, sino que engloba toda una lógica de un sistema-mundo capitalista que se articula en torno a tres dimensiones: la económica, a través de un sistema de mercado integrado mundialmente; la política, centrada en estados soberanos conectados desde organismos interestatales; y la cultural o “geocultural”¹ que dota de coherencia y legitimidad todo el proyecto. Dimensiones que se han concretado en fracturas a nivel ideológico, geopolítico, cultural, sociológico y subjetivo (Fernández Rodríguez, 2015).


1. Tal y como lo describe Immanuel Wallerstein, esta geopolítica hace referencia a las “normas y modos discursivos generalmente aceptados como legítimos dentro de sistema-mundo” (2005, 116).


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