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Crisis social e institucional y educación: cuando más educación no equivale a mejor empleo

 “La educación es un campo de lucha y de compromiso. También actúa para representar luchas de carácter más general en torno a lo que deben hacer nuestras instituciones, a quienes deben servir y quienes deben tomar estas decisiones. Y, sin embargo, en sí misma es una de las principales áreas donde se definen los recursos, el poder y la ideología en relación con la política, la financiación, el currículo, la pedagogía y la evaluación. Por lo tanto, la educación es a la vez causa y efecto, es determinante y está determinada”

(Apple, 2002, 52)

Como ya he señalado en entradas anteriores (desigualdad social como caballo de troya de la reacción capitalista, desigualdad, educación y políticas neoliberales; la capacidad camaleónica del sistema capitalista) la globalización no es un proceso nuevo ni que afecte únicamente al ámbito de la economía. El concepto de globalización es polisémico, pero además su alcance como proceso se encuentra atravesado por un componente ideológico (Jones, 2015; Fernández Rodriguez, 2015; De Sousa Santos, 2011; Cobo, 2011). Este componente ideológico forma parte del ataque sistemático al que se están viendo enfrentadas las instituciones educativas en las últimas décadas. Amparadas en las pruebas de calificación y evaluación, en los discursos sobre la calidad y en la desregulación y privatización constante de los sistemas educativos, entre otras cosas, la globalización neoliberal ha diseñado una hoja de ruta para hacer tambalear los cimientos de las instituciones educativas heredadas de la modernidad, haciendo difícil la lucha por modelos alternativos que prioricen lo social, la igualdad y la justicia y limitando paulatinamente el acceso a la educación a las clases menos privilegiadas.

Las fuerzas neoliberales, los anhelos neoconservadores y la nueva clase media directiva y profesional se han dado la mano en lo que Michael Apple ha venido en denominar la nueva triple alianza hegemónica (2002).

Las reformas educativas llevadas a cabo desde la reestructuración global de los sistemas educativos mundiales han instaurado el régimen de la estandarización en el punto de mira de la política educativa, poniendo en marcha sistemas de medición externos que tratan de homogeneizar los conocimientos que tiene que adquirir cualquier estudiante en cualquier parte del mundo, una estandarización que pretende instaurar la construcción de una educación basada casi exclusivamente en la tiranía cuantitativa de la medición de resultados (Saura y Luengo Navas, 2015).

Estamos de nuevo ante la reducción del poder de los propios Estados para decidir sobre la deriva de sus sistemas educativos, supeditando sus decisiones a las recomendaciones y designios dictados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una organización internacional que se ha erigido como guía en la puesta en marcha de la “educación del futuro”, siendo el Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Informe PISA) la herramienta de comparación utilizada para medir el rendimiento de los distintos sistemas educativos (Saura y Luengo Navas, 2015).

En España la aprobación de la LOMCE (Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa) supone un fiel reflejo de la plasmación de esa triple alianza hegemónica de la que hablamos en párrafos anteriores. La creación y difusión de un discurso generalizado de bajo rendimiento y ejemplificado a través de los resultados en las evaluaciones PISA, el movimiento neoconservador –incluyendo a la jerarquía eclesiástica- llama a una vuelta a los exámenes del pasado, a la recuperación de los conocimientos “verdaderos” y a la tradición, a un currículo normalizado y estandarizado nacionalmente, al fin de la diversidad lingüística fundada en el miedo al otro, a lo desconocido; por su parte el a la neoliberal apela a la reducción del gasto educativo, a la protección a las escuelas concertadas y la inversión masiva en las mismas, y a la liberación, privatización y desregulación en materia educativa; por último, esa nueva clase dirigente que aspira a no perder estatus social, esa clase que en otros ámbitos de la vida puede moverse en entornos más liberales y de apoyo a corrientes de izquierda, apela a una eficaz gestión y al establecimiento de niveles más elevados en educación para evitar que sus propias hijas e hijos tengan que sufrir niveles de competición elevados por parte de otras niñas y niños (Apple, 2002). La reproducción de las desigualdades sociales se estructura así como una realidad impuesta no solo por las dinámicas de poder emergentes desde las propias instituciones, sino además, y sobre todo a golpe de legislación.

En el ámbito de la Educación Superior el conflicto dibujado para los niveles educativos inferiores se ve además acrecentado por la constante demanda de una formación que garantice la mano de obra que el sistema-mundo capitalista necesita para poder seguir poniendo en marcha los flujos económicos esperados.

En unas instituciones inmersas en el mercado global y amenazadas por el fantasma de la privatización “el conocimiento humanístico y los valores universitarios están siendo extirpados, mientras la Educación Superior se vuelve crecientemente corporativa.” (Giroux, 2008, 130).

En España, el informe “Universidad 2000” o “informe Bricall” financiado por una parte de las grandes empresas españolas y elaborado por la Conferencia de rectores de las Universidades Españolas (CRUE), llegaba a la conclusión a principios de siglo de que la inadaptación de la Universidad española se había agudizado en los últimos años del siglo anterior. Se habría así la puerta a las transformaciones que estarían por llegar y que venían preparándose años atrás para implementar el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La competitividad a través de los procesos de evaluación y acreditación, la externalización de servicios, la flexibilidad laboral y organizativa y la transferencia de conocimiento comenzaban a estar en el vocabulario común de nuestra cultura científica.

Lo que se decía debía preparar a las universitarias y universitarios del futuro para el cambio social, cultural y científico no era sino la primera piedra del proceso de privatización y desregulación de la Educación Superior, un ataque directo a la democracia universitaria y a la institución pública universitaria.

La presión hacia la internacionalización de nuestras instituciones públicas de Educación Superior, una internacionalización que pasa por presionar hacia una movilidad forzada si se quiere seguir manteniendo el puesto de trabajo o ascender en la escala de valoración académica; la integración de las nuevas tecnologías, con la puesta en practica de los cursos masivos on-line llamados a sustituir el modelo educativo universitario tal y como lo conocemos; las presiones de las agencias de evaluación sobre el profesorado para elevar la cantidad y la “calidad” de sus artículos científicos, o mejor dicho para poder sobrevivir en un ambiente que se torna cada día más salvaje y competitivo; la aparición de “nuevos proveedores de servicio”, entidades privadas, locales o del mercado global que con el objeto de ganar beneficios económicos ofrecen servicios de educación superior con el punto de mira puesto en los beneficios (Fernández Rodríguez, 2009).

Se impone un nuevo imperativo moral que rige las vidas de quienes se atreven a superar las barreras de entrada hacia el mundo universitario “publicar o morir” (Giroux, 2008) un imperativo que a diferencia de lo que sucede en EE.UU. en España aún no ha sido sustituido por la nueva corriente de “privatizar o morir”, aunque el recorrido sea paralelo.

La calidad se convierte en un nuevo caballo de batalla al que plantar cara, “la atracción hacia la excelencia promovida por los ejecutivos de la universidad actualmente funciona como un logotipo corporativo, motivando a la eficiencia mientras despoja al pensamiento crítico de cualquier sustancia política e intelectual.” (Giroux, 2008, 130).

A todo esto se unen las dinámicas de poder propias de una institución heredada de la modernidad. En estas dinámicas de poder es donde se dan cita los conflictos en torno a lo que Fernández Rodríguez (2009) denomina “geopolítica del conocimiento académico”. Conservadores, conservadores críticos, radicales y modernizadores pugnan por delimitar el camino a seguir en el desarrollo ideológico de la institución universitaria. Las posiciones frente al poder político y social y frente al poder académico dibujan el mapa ideológico del enfrentamiento en una institución en la que la desigualdad en materia de género también se convierte en un terreno de lucha para las mujeres (Ballarín, 2015).

Desde el prisma del sector estudiantil, bajo el discurso de la teoría del capital humano y ante una realidad social donde el trabajo deja de estar garantizado las y los estudiantes buscan seguir formándose acumulando credenciales a la espera de una oportunidad para integrarse en un mundo laboral donde el trabajo deja de estar garantizado por el nivel de educación. “La conmoción que ha supuesto el fenómeno, nuevo y en rápido ascenso, de los graduados sin empleo, o de los graduados que tienen empleos muy por debajo de las expectativas generadas por sus títulos (expectativas consideradas legítimas), es un golpe muy doloroso” (Bauman, 2013, 79).

Al aumento gradual de las tasas universitarias y a la crisis económica social que afrontan muchas familias se une la reducción de las cuantías de becas universitarias, que generan que muchas de las universitarias y universitarios que se matriculan en un año en la universidad tengan que abandonar la carrera por la imposibilidad de hacer frente al pago de los precios públicos[1]. Se configura un sistema educativo accesible solo para quienes tienen la posibilidad de pagarlo o quienes ceden a las reglas del mercado competiendo por encima de cualquier cosa por alcanzar el objetivo, y la selección se agudiza conforme ascendemos en el nivel de credenciales.

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[1] Desde 2013 el abandono en las carreras universitarias por no poder hacer frente al pago de matrículas ha crecido constantemente. Se pueden consultar varios artículos de prensa sobre el tema en los siguientes enlaces:

http://www.eldiario.es/sociedad/numero-universitarios-desciende-perdidas-publica_0_287321508.html

http://web.eldia.es/canarias/2015-11-01/4-Casi-alumnos-abandonan-ULL-motivos-economicos.htm

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/17/actualidad/1371499455_460313.html

 


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